Trabajo Carmen Fermin

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Trabajo Carmen Fermin

Mensaje por Carment el Jue Jul 21, 2016 11:35 am

Matanzas, 18 de julio 2016



LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. (2da. PARTE)


La ley Orgánica de la Administración Pública; Publicada en la Gaceta Oficial No. 37.305 de fecha 17 de octubre de 2012. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Decreta esta Ley. Esta dividida en TITULOS, CAPITULOS Y ARTICULOS.
TITULO I.- Disposiciones Generales
TITULO II.- Principios y Base del Funcionamientos y Organización de la Administración Pública.
TITULO III.- Administración Pública Central del Poder Nacional
TITULO IV.- De la Desconcentración de la Descentralización Funcional
TITULO V.- Compromiso de Gestión.
TITULO VI.- Participación Social en la Gestión Pública.
TITUO VII.- Los Archivos y Registros de la Administración Pública.

Sub dividida en Capítulos y Artículos, cada uno incluye una disposición de la Ley.

En esta segunda parte hacemos referencia a lo contemplado en los TITULOS IV, V, VI Y VII DESCENTRALIZACION NACIONAL Y COMPROMISO DE GESTION, PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION PÚBLICA, LOS ARCHIVOS Y REGISTROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA.

Objeto de la Ley. y Ámbito de Aplicación.
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases que rigen la organización y el funcionamiento de la Administración Pública, de la administración Pública Nacional y de la Descentralizada funcionalmente; así como regular los compromisos de gestión; crear mecanismo para promover la participación y el control sobre políticas y resultados públicos y establecer las normas sobre los archivos y registros públicos.
Ámbito de Aplicación.- Será aplicable a la Administración Pública Nacional. A los estados, distritos metropolitanos, municipios y podrá también aplicarse a los demás órganos del Poder Público.

Principios y Artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, clave para los Administradores:
Objetivo Principal de la Administración Pública Artículo 3.- La Administración Pública tendrá como principal objetivo de su organización y funcionamiento, dar eficacia a los principios, valores y normas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en especial, garantizar a todas las personas, conforme al principios de progresividad y sin discriminación algunos goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
Principio de Legalidad Articulo 4.- La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con los principios de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de su componente se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictado formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagran el régimen democrático a los particulares.

TITULO IV.- De la Desconcentración de la Centralización Funcional.
Esta sub dividida en:
Capitulo I Desconcentración.
Capitulo II De la Descentralización Funcional.
Estudiando el tema de la Desconcentración como vemos en el capitulo I, en el artículo 92 de la Ley Orgánica de La administración Públicos. La Presidenta o Presidente de la República, en Consejo de Ministro, podrán convertir Unidades Administrativa de la Presidencia Ejecutiva de la República, de las Vicepresidencia Sectoriales y de los Ministerios y de la Oficinas Nacionales en organismos desconcentrados con capacidad de gestión: presupuestaria, administrativas y funcional, según acuerde el respectivo reglamento.
La desconcentración a lo que se refiere el presente decreto es: Una técnica administrativa que consiste en el traspaso de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas, le atribuyen como propia a un órgano administrativo a otro órgano de la misma administración pública, jerárquicamente dependiente. Son también formas jurídicas administrativas central, con organismo o dependencia propia, presta servicio o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio del país. Su objetivo es doble: acercar la prestación de servicio en lugar o domicilio del usuario, con economía para este y descongestiones del Poder Central. La descentralización y la desconcentración son formas jurídicas en que se organiza la administración y en las dos, el poder central trasmite parte de sus funciones a determinado órgano u organismo.
Los órganos desconcentrados son parte de la descentralización administrativa, sus atributos y competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico que tiene su sede en el Poder Central, la Administración Nacional, estadal y municipal. Los órganos descentralizados tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, los desconcentrados no.
La Descentralización..
La Constitución Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, en su articulo 4 dice La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrado en la Constitución. Dada la situación actual de la Administración Pública Venezolana, era necesario tener una Ley Orgánica que regule a la Administración descentralizada.
Mediante el respectivo reglamento orgánico, el Presidente o Presidenta de la Republica, en Consejo de Ministro, podrá convertir unidades administrativa de los ministerios y oficinas nacionales en órganos desconcentrados, con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera o de gestión, según acuerde el decreto respectivo
Los órganos de la Administración Pública que sean desconcentrados, serán controlados de conformidad con disposiciones especiales y su defecto según las previsiones de la presente Ley
Con el propósito de obtener recursos propios producto de sus gestión para ser afectados al financiamiento de un servicio público determinado, el Presidente o Presidenta de la Republica, mediante el reglamento orgánico respectivo, en Consejo de Ministro, podrá crear órganos con carácter de servicios autónomos sin personalidad jurídica u otorgar el carácter a órganos ya existente en los ministerios y en las oficinas nacionales.
Los servicios autónomos sin personalidad jurídica contaran con fondos separados, para lo cuales estarán dotados de autonomía que acuerde el reglamento orgánico que les otorgue tal carácter.
El reglamento orgánico a que se refiere el artículo anterior se establecerá: La finalidad y asignación de competencia, e integración y fuente ordinaria del ingreso, el grado de autonomía, los mecanismo de control, el destino que se le dará a los ingresos obtenidos y la forma de designación del titular que ejercerá la dirección y administración.
La Descentralización Funcional Sección Primera de los Institutos Autónomos.
Los institutos autónomos son personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional, estadal u ordenanzas a las disposiciones de esta Ley dotadas de patrimonios propio e independiente de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios.
La Ley Nacional, estatal u ordenanzas que crean un Instituto Autónomo contendrá: 1) El señalamiento preciso de su finalidad, competencia y actividad a su cargo; 2) La descripción de la integración de su patrimonio y de su fuente ordinario de ingreso; 3) Su estructura organizativa interna a nivel superior, con indicación de sus unidades administrativa y señalamiento de su jerarquía y atribuciones; 4) Los mecanismos particulares de control de tutela que ejercerá el órgano de adscripción; 5) Los demás requisitos que exija.
Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativa que la ley nacional acuerde a la República, a los estados, los distritos metropolitanos, los municipios.
La actividad de los institutos autónomos queda sujeta a los principios y bases establecidos en esta Ley
Los Institutos Autónomos solo pueden ser suprimidos por ley especial, la cual establecerá las reglas básicas de la disolución.


Las Empresas del Estados. Sección Segunda
En cuanto a las actividades del Estado de carácter empresarial y productivo, se adopta la figura de Empresas y su organización a través de corporaciones sectoriales, como empresas matrice, establecidas
Son Empresas del Estados las sociedades mercantiles en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o algunos de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere esta Ley, solo o conjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del capital social.
La creación de las empresas del Estado será autorizada respectivamente por el Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldes, según corresponda, mediante decreto o resolución de conformidad con la Ley. Adquirirán la personalidad jurídica con la protocolización de su acta constitutiva en el registro mercantíl correspondiente a su domicilio, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos y de la gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o del medio de publicación oficial correspondiente donde aparezca publicado el decreto que autorice su creación.
Todos los documentos relacionados con las empresas del Estado que conforma al Código de Comercio tiene que ser objeto de publicación, se publicaran en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en el correspondiente medio de divulgación oficial de los estados, de los distritos metropolitanos o de los municipios. Con el cumplimiento de esta obligación se considerara satisfecha las exigencia prevista en dicho Código, sin perjuicio de que la publicación pueda hacerse en otro medio de comunicación si así lo estima conveniente la empresa. En este último supuesto, deberá, dejarse constancias del número y fecha de la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela o del medio de divulgación oficial, estadal, del distrito metropolitano o municipal en el cual se hizo l publicación Legal.
Los estados, los distritos metropolitanos, los municipios y los entes a que se refiere esta Ley, pondrán tener participación en todo tipo de sociedades, suscribir o vender acciones e incorporar nuevos accionista del sector público. Podrán constituir sociedades anónimas y de responsabilidad limitada como accionista único. En los casos de procesos de privatización se seguirá el procedimiento establecido en la legislación correspondiente. Empresa del Estado como único accionista.
Las empresas estado nacionales, estadales, de los distritos municipales con único accionista, los derechos societario podrán ser ejercido, según sea el caso, por la República, los estados, los distritos metropolitano, los municipios o los entes a que se refiere esta Ley, que sea titular de las acciones en forma unilateral, sin que ellos implique el incumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código de Comercio ni las relacionadas con la publicación a que se refiere esta Ley.
Los tramites de registro de los documentos referidos a las empresas del Estado, estarán exentos del pago de aranceles y otras tasas previstas en la legislación que regula la actividad notarial y registral.
Todos los documentos relacionados con las empresas del estado que, conforme al ordenamiento jurídico vigente deben ser objeto de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela e en el medio de publicación oficial correspondiente.
La empresas del Estado podrán crearse con un único accionista y los derechos societarios podrán ser ejercidos, según sea el caso, por la República, los estados, los distritos metropolitanos, los municipios o los entes a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, que sea titular de la totalidad de las acciones, sin que ellos implique el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley.
Creación de matrices.- cuando operen varias empresas del Estado en un mismo sector, o requieran una vinculación aunque operen en diversos sectores, la Presidenta o Presidente de la República, la gobernadora o gobernador, la alcaldesa o alcalde correspondiente, podrá crear empresas tenedoras de las acciones d la empresa del Estado y de la Empresa mixta correspondiente, sin perjuicio de que los institutos público o autónomos puedan desempeñar igual función.
Legislación que rige las empresas del Estado. Las empresas del estado se regirá por la legislación ordinaria, por lo establecido en el presente decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y demás normas aplicable; y sus trabajadores y trabajadoras se regirán por la legislación laboral ordinaria.
Registro de la composición accionaria de las empresas donde el Estado tenga participación. El órgano nacional, estatal, distrital o municipal que sea competente en materia presupuestaria, según corresponda, llevara un registro de la composición accionaria de las empresas donde el Estado tenga participación en su capital social, y remitirá semestralmente copia del mismo a la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos, de los cabildos metropolitanos o de los consejos municipales, dentro de los primeros treinta (30) días del semestre siguiente.

De las Fundaciones del Estados. Sección Tercera
Son fundaciones del Estado los patrimonios afectados a un objeto de utilidad general, artístico, científico literario, benéfico, social u otros, en cuyo acto de constitución participe la República, los estados, los distritos metropolitanos, los municipios o algunos de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere el presente decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica siempre que su patrimonio inicial se realice con aporte del Estado en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento, igualmente son fundaciones del Estado aquellas cuyo patrimonio pase a estar integrado en la misma proporción, por aporte de los referidos entes, independientemente de quienes hubieren sido su fundadores.
Asociaciones y sociedades civiles del Estados. Son aquellas en que la República o sus entes descentralizados funcionalmente poseen más del cincuenta por ciento de las cuotas d participación, y aquellas conformadas en la misma por aporte de los mencionados entes, siempre que tales aportes hubiesen sido efectuados en calidad de socio miembro.
Las Misiones.
La Presidenta o Presidente de la Republica en Consejo de Ministro, cuando circunstancias especiales lo ameriten, podrá crear misiones destinada a atender a la satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la población, las cuales estarán bajo la rectoría de las políticas conforme a la planificación centralizada.
TITULO V DE LOS COMPROMISOS DE GESTION.
Los compromiso de gestión son convenio celebrados entre órganos superiores de dirección y órganos o ente de la Administración Pública en si, o celebrado entre aquellos y los Consejos Comunales o las Comunidades organizadas publica no estadales, de ser el caso, mediante los cuales se establecen compromisos para la obtención de determinado resultado en los respectivo ámbitos de competencia, así como las condiciones para cumplimiento, como contrapartida al monto de los recursos presupuestarios asignados..
Fundamentos Los compromisos de gestión servirán de fundamentos para la evaluación del desempeño y la aplicación de un sistema de incentivo y sanciones de orden presupuestario, en función del desempeño institucional. La evaluación del desempeño institucional deberá atender los indicadores de gestión que establezcan previamente los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, de común acuerdo con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

TITULO VI.- PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION PÚBLICA
En la actualidad se habla de profundizar la descentralización a través de el poder comunal que implica acercar las decisiones al ciudadano común, en este sentido la participación ciudadana es fundamental, para impulsar estos cambios en beneficio de si mismo y así el Estado podrá distribuir con mayor equidad el presupuesto público, y el situado constitucional y por consiguiente habrá mayor inversión social, mayor justicia y desarrollo para la colectividad y la nación.
Los órganos y entes de la Administración Pública promoverá la participación ciudadana en la gestión pública. Las personas podrán, directamente o a través de las comunidades organizada, presentar propuesta y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la Administración Pública, así como participar en la elaboración de los instrumentos de contenidos normativos. Los órganos y entes públicos llevaran un registro de las comunidades organizadas cuyo objeto se refiere al sector correspondiente.
TITUO VII DE LOS ARCHIVOS Y REGISTROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA
Del Sistema Nacional de Archivo. Órganos de Archivo. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se entiende por órganos de archivo, al ente o unidad administrativa del Estado que tiene bajo su responsabilidad la custodia, organización, conservación, valoración, desincorporación y transferencia de documentos oficiales sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, perteneciente al Estado o aquella que se derive de la presentación de un servicio publico.
El objetivo esencial de los órganos de archivo del Estado es el de conservar y disponer de la documentación de manera organizada, útil, confiable y oportuna, de forma tal que sea recuperable para uso del Estado, en servicio de las personas y como fuente de la historia.
Finalidad En cada órgano o ente de la Administración Pública habrá un órgano de archivo con la finalidad de valorar, seleccionar, desincorporar y transferir a los archivo intermedios o al Archivo General de la Nación, según sea el caso, los documentos, expediente, gacetas y demás publicaciones que deban ser archivadas conforme al reglamento respectivo.
Derecho de acceso a Archivos y Registros de la Administración Pública. Toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión o el tipo de soporte material en que figuren, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República



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